Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se hace necesario implementar el acceso de la ciudadanía a las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos. Esta norma supone un avance sustancial respecto a la derogada Ley 11/2007, de acceso electrónico de los/las ciudadanos/as a los Servicios Públicos, al establecer en su artículo 14 la relación electrónica de los/as ciudadanos/as con las Administraciones Públicas, además de como un derecho, como una obligación para, entre otros sujetos, los/as empleados/as de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado/a público/a, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

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